Artículos de Prensa

Las causas malditas de la inflación

EL Cronista
por: Alejandro González

Las normas antilavado, narcotráfico y corrupción

El Gobierno deberá seguir lidiando frente al GAFI, ya que no pudo convencer a sus integrantes de que la reciente reforma de la ley antilavado de dinero es suficiente para que la Argentina no sea incluida en la ?lista gris? de países con normas poco confiable

Las normas antilavado de dinero intentan atacar de una manera ?indirecta? a delitos de extrema gravedad. Se trata de prevenir o perseguir la incorporación a los circuitos financieros y a las actividades económicas legales de lo obtenido con el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y la corrupción, entre los más graves de esos delitos.

Con respecto al narcotráfico, la Argentina tiene resultados muy pobres en cuanto a controlar su crecimiento desenfrenado: se multiplicó por cinco en diez años. Por su parte, los niveles de corrupción serían muy altos para un país de desarrollo medio como la Argentina, según varios observadores internacionales.

Algunos aspectos del debate parlamentario actual parecieron perderse en luchas políticas antes que apuntar al fondo del problema. Por ejemplo, se discutió quién debe ser el responsable de nombrar al titular de la UIF (organismo a cargo de la lucha contra el lavado), y más allá de las desconfianzas domésticas entre oficialismo y oposición, observando lo que ocurre en el mundo, no hay una respuesta única. Ese organismo pertenece a la policía federal en Suiza y está dirigido por un funcionario del área de economía en el caso español, con fuerte relación con el Banco de España, que es el banco central de ese país.

Aunque sea casi anecdótico, sorprendió que los abogados sigan excluidos de la obligación de reportar operaciones sospechosas (los escribanos y contadores sí deben hacerlo) cuando las recomendaciones del GAFI y las legislaciones de los principales países lo contemplan. ¿Un ejemplo del poder de ?las corporaciones??

En cambio, debió discutirse más si la evasión de impuestos está incluida o no como un delito previo al lavado de dinero, equiparado así al narcotráfico o la corrupción.

Las recomendaciones del GAFI no la incluyen ni tampoco lo hacía la ley vigente hasta ahora. Con la reforma, se agregaron los delitos de la ley penal tributaria con penalidades más graves. Podrá ocurrir que el loable propósito de combatir el narcotráfico mediante los casos de lavado de dinero termine ?distrayéndose? con una enorme cantidad de situaciones de posible evasión de impuestos, dispersando esfuerzos para combatir al narco-lavado y agregando un organismo más a la tarea que realiza la ya temida AFIP.

La gravedad que tiene el problema de la droga en nuestro país merecería un ataque muy profesional y especializado. Algunas estimaciones señalan que solamente el ?negocio? del paco en Buenos Aires y Gran Buenos Aires mueve 400 millones de dólares al año. Esa cifra es lo que pagan alrededor de 100.000 adictos, que consumen un promedio de 7 dosis diarias a un valor de $ 6,5. Algunos roban para conseguir ese dinero. Y no puede olvidarse que ésta es tan solo una de las drogas que se trafican y que se trataría del desecho de la droga principal.

El transporte y la logística de la droga también son muy rentables. Además de la venta local, las drogas producidas en países limítrofes o cercanos como Bolivia, Perú o Paraguay, se terminan de procesar y luego se embarcan a otros mercados. Los principales destinos de la droga enviada desde el país son los puertos de Europa. Un kilo de cocaína en Bolivia, cuesta 300 euros; en la frontera con Argentina, 1.000; en Buenos Aires 2.500 y en España 35.000 euros.

La masa de dinero que mueven desde los ?transas? hasta los poderosos dealers que intervienen en la actividad es colosal. Y la gran mayoría del dinero de la venta local y del transporte se intentará de lavar en el propio país. Es probable que el negocio de la droga genere en forma directa entre un 0,3 y un 0,4 % del PBI nacional y que el volumen de billetes para monetizar un año de actividad represente el 2% de la base monetaria.

De allí que sería socialmente útil y deseable que la UIF concentre sus esfuerzos en esta clase de delitos. ¿Lo hará?

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